Fue justamente en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, en 1999, cuando autoridades y organizaciones de la sociedad civil intentaron concebir una reforma policial ajustada a las exigencias ciudadanas de tener un país con menos homicidios, robos, asaltos y pleitos entre pandillas por asuntos de drogas.
Era una época donde el crimen organizado y la delincuencia común amenazaban con tomar las calles y acabar con la tranquilidad ciudadana. Corrían los últimos días del 1999 y las discusiones para materializar la controversial reforma agonizaban entre objeciones interesadas dentro de la propia Policía y los choques de criterios entre las fuerzas sociales y políticas que participaron en el proceso.
Al margen de los escollos que impedían materializar una reforma integral de la institución, los casos de abusos policiales se hacían sentir cada vez con más fuerza y las presiones de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entonces se tornaron en un dolor de cabeza inocultable para el gobierno de turno.
En el año 2000, las autoridades retomaron la pospuesta reforma policial. Pero la idea original fue limitada a la aprobación de una ley orgánica policial, en el 2004, que desnaturalizó las pretensiones de quienes aspiraban a una transformación profunda del cuerpo del orden público.
Con la Ley 96-04 quedaron atrás los sueños sociales de crear una Policía verdaderamente comunitaria, con cambios institucionales importantes y con vocación real de respeto a los derechos humanos. La promulgación de esta legislación sepultó igualmente las aspiraciones de romper con la tradición militarista de la Policía; la impunidad incubada en los códigos policiales en reemplazo de las funciones del Ministerio Público y la Justicia, y la descentralización de funciones.
En el olvido quedaron también las ideas de instaurar un nuevo esquema de organización de mando, un sueldo digno para los agentes policiales, programas de educación y entrenamiento permanentes sin exclusión de rangos; un código de ética y una supervisión efectiva y transparente de la conducta policial.
Once años después, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en medio de una coyuntura delictiva que atemoriza el diario vivir de los dominicanos, propone un pacto multisectorial para promover la aprobación de cada uno de estos aspectos. Esta entidad sugiere una Policía con un marco jurídico coherente con la Constitución y las leyes; que sea efectiva en el logro de sus objetivos, en la protección de la ciudadanía, la prevención, investigación y persecución del crimen y el delito.
Finjus está proponiendo la ejecución de medidas como la rediscusión y redefinición de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y repensar su modelo de gestión, para que predomine la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos humanos y materiales. Y, también, la creación de un cuerpo de investigación al interior de la Policía, separado de la función de prevención y que esté bajo la subordinación del Ministerio Público.
Nueva vez, en medio del deterioro de la imagen de la institución del orden por las actuaciones de sus agentes y la adopción de medidas consideradas abusivas, se ha replanteado la necesidad de reformar la Policía Nacional. Sin embargo, el propio jefe la Policía, Guzmán Fermín, reconoce que sectores a lo interno de la institución se oponen a los cambios. En cifras que dio a conocer, puso de manifiesto que mayoría de miembros desconoce si una reforma les beneficiaría.
Propuesta de la Finjus
En 1999, cuando se iniciaron los debates sobre la reforma policial, la Finjus también presentó su propuesta. En esta ocasión, en medio de los escándalos en que se ha visto envuelta la institución del orden por los casos de muertes en que se han visto envueltos sus agentes, el general Rafael Guillermo Guzmán, ha acogido en pacto social de la Finjus para reformar a la Policía Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario